Historia
La intervención militar en la UTE comienza el mismo 11 de septiembre de 1973. Para ese día la Secretaría Nacional de Extensión y Comunicaciones tenía preparada la inauguración de la exposición “Por la Vida… siempre!”, en el frontis de la Casa Central con la participación del presidente de la República Salvador Allende Gossens y la música de Víctor Jara.
La mañana del 12 de septiembre la universidad amaneció con artillería de guerra bombardeando la Casa Central. El Rector Enrique Kirberg, junto a académicos, funcionarios y estudiantes que habían pasado la noche en distintas dependencias de la institución fueron detenidos y llevados a centros dispuestos por el gobierno de facto para ser interrogados y torturados.
Una de las primeras medidas tomadas por los militares fue la destitución de las autoridades universitarias. Esto ocurrió en todas las universidades del país, los planteles de educación superior en su totalidad fueron intervenidos luego del golpe de Estado. Con esto, el carácter y la misión de las universidades cambió en forma definitiva, pues el nuevo modelo implantado fue radicalmente opuesto al proveniente de los procesos de reforma universitaria que se estaban desarrollando hasta septiembre de 1973.
Las autoridades elegidas por académicos, o por toda la comunidad universitaria en el caso de la UTE, fueron destituidas y reemplazadas por autoridades designadas. El Decreto Ley n°50 de octubre de 1973, estableció que “considerando la necesidad de facilitar la unificación de criterio en la dirección de la enseñanza superior”, la Junta Militar de Gobierno “designará en su representación Rectores-delegados en cada una de las universidades del país. Estos Rectores-delegados cumplirán las funciones y ejercerán todas las atribuciones que corresponden a los Rectores de las Universidades de conformidad con las normas legales vigentes y demás acuerdos o resoluciones universitarias dictados en su virtud”.
En la UTE, el coronel de Ejército Eugenio Reyes Tastets fue designado como rector. El Decreto Ley n°516 de junio de 1974, justificó en la necesidad de reestructurar, adaptar y normalizar la actividad universitaria “de acuerdo con la nueva realidad nacional”, las facultades que se le atribuyeron al cargo. En consecuencia, se depositaron en Reyes Tastets todas las atribuciones “que la legislación orgánica entregaba anteriormente a los claustros universitarios, a las autoridades colegiadas y unipersonales y a sus jefaturas de servicio. De otra parte, recibe también la facultad de modificar las estructuras y servicios de la Corporación; determinar las atribuciones de las autoridades unipersonales; crear, modificar, refundir o suprimir unidades académicas, departamentos, programas, carreras y títulos; dictar y modificar los estatutos, reglamentos y demás cuerpos normativos” (Muñoz, 184).
El rector delegado estableció en octubre de 1973, de acuerdo con las disposiciones emanadas de la Junta Militar de Gobierno, la suspensión de las actividades político-partidistas dentro del campus universitario, por lo tanto, se prohibió celebrar reuniones, utilizar ficheros, hacer rayados o distribuir información de corte político. Además, en la circular, señaló que el personal debía “cumplir con la máxima dedicación las labores que han sido encomendadas” y con las disposiciones sobre asistencia y puntualidad, por razones de seguridad debían mantenerse en sus lugares de trabajo sin trasladarse a otros recintos; además, los funcionarios tuvieron la obligación de portar siempre su carné de identidad y la tarjeta universitaria, pues podían ser solicitados en cualquier momento por la autoridad universitaria o por los militares que custodiaban el campus. Finalmente, el documento dispuso que “cada funcionario o académico debe presentarse ante la autoridad designada en la dependencia de la universidad donde se generó su nombramiento actual. Esta misma autoridad le señalará si debe reintegrarse definitivamente a las labores para las que fue contratado, o continúa en comisión en otro servicio”.
Con nuevas autoridades y nuevas normativas, las actividades académicas en la UTE, en las ocho sedes de provincia y en los institutos tecnológicos, fueron reiniciadas a inicios de noviembre de 1973. La designación de un rector delegado en la UTE, como también sucedió en las otras universidades, implicó la desaparición de la participación de las comunidades universitarias en la conducción de los planteles, desintegrando con ello la estructura democrática interna. Como señala José Joaquín Brunner, en los rectores delegados recayó la “totalidad de atribuciones para disponer discrecionalmente de los cargos universitarios, para resolver sin consulta sobre el destino de los organismos académicos y para ejercer ellos por sí solos las funciones de los organismos colegiados y unipersonales existentes en la respectiva institución” (Brunner, 1986, 41 y 42). En la UTE, los procesos de profundización democrática de la universidad, impulsados desde la década de 1960, fueron abruptamente interrumpidos y reemplazados por un sistema de autoridad estrictamente vertical (Brunner, 1986).
De la misma manera, fueron cerrados centros universitarios relacionados con las ciencias sociales y programas de capacitación laboral. En la UTE las unidades académicas suprimidas fueron el Departamento de Ciencias Sociales, la Escuela de Educación, el Departamento de Artes y Oficios, y el Instituto Tecnológico, y se puso fin a todos los convenios de capacitación de trabajadores. En aquellas universidades donde se mantuvieron centros de esta índole, se aplicó una severa censura y control sobre los contenidos, la investigación y los textos que se producían.
Los organismos representantes de los estudiantes, como federaciones y centros de alumnos, fueron eliminados, y los dirigentes electos democráticamente fueron reemplazados por dirigentes nombrados por las nuevas autoridades. El propósito de esto estuvo en destruir el pluralismo y el debate dentro de las organizaciones estudiantiles, para lograr su neutralización. Este tipo de medidas estuvieron estrechamente relacionadas con la tarea impuesta por la dictadura a sus personeros en las corporaciones de educación superior de terminar con lo que denominaron “politización” de las universidades. En una entrevista a la revista Ercilla en 1973, el contraalmirante Hugo Castro, nombrado Ministro de Educación por la Junta Militar, indicó “la necesidad de contrarrestar esa actividad destructora”, que había obligado “al resto de los académicos, estudiantes y funcionarios a descuidar sus labores específicas para sumirse en una permanente y estéril lucha por el poder”. Además, enfatizó, en que “la reconstrucción nacional no puede darse el lujo de permitir que la vida universitaria se frustre en medio de la politiquería, la burocracia y el desorden” (Ercilla, 1973, 17-19).
Todas las medidas impuestas por la dictadura desde el golpe de Estado y la intervención en los planteles de educación superior implicaron un cambio sustancial en el carácter y sentido que habían tenido hasta ese momento en el país, tanto por su organización y estructura, como por su visión y misión dentro de la sociedad.
La intervención militar en las universidades chilenas implicó que éstas perdieran su autonomía, realizaran drásticos cambios académicos, se redujeran sus matrículas y vacantes, se pusiera énfasis en la especialización profesional limitando el vínculo con la sociedad y se restringieran las acciones de sus funcionarios; además, la disminución del financiamiento hizo que la educación superior se encareciera, y las instituciones buscaran formas de autofinanciar sus actividades y la investigación por medio, por ejemplo, de la venta de servicios universitarios.
Desde la llegada de los militares a la dirección de la UTE el objetivo primordial fue borrar el carácter que la universidad tuvo a través de su historia y de la importancia y compromiso que había tenido con el programa económico y social de gobierno de la Unidad Popular. Para esto, luego de la designación del rector, comenzaron las medidas tendientes a reestructurar la universidad. En febrero de 1974 fueron cambiados los servicios de la corporación, fue creado el cargo de pro-rector, el centro de computación y de divisiones asesoras de rectoría. Las Secretarías Nacionales, entidades creadas por el Estatuto Orgánico de 1971, fueron reemplazadas por las vicerrectorías: académica, extensión y comunicaciones, administrativa y económica, y de servicios universitarios.
En 1975, el Decreto n° 1728 estableció la organización académica de la universidad. Se dictó el funcionamiento de cuatro facultades en Santiago y una escuela tecnológica. Las facultades fueron, de ingeniería, de ciencia, de estudios generales, y de administración y economía. Posteriormente, “el 16 de noviembre de 1978, se decreta el Reglamento General de Facultades, señalándolas como objetivos primordiales el impartir docencia y realizar investigación, extensión y perfeccionamiento en el ámbito de su competencia” (Muñoz, 195).
En diciembre de 1980, el Decreto n° 3541 facultó a Augusto Pinochet reestructurar las universidades del país. Ese mismo mes fue designado rector de la UTE el brigadier general Jorge O´Ryan Balbontín, quien fue el encargado de implementar la nueva legislación universitaria relacionada con la racionalización de las universidades existentes de acuerdo con la política de regionalización del gobierno dictatorial. En consecuencia, O´Ryan delegó en una comisión, compuesta principalmente por académicos, la elaboración de una propuesta sobre la nueva estructura de la UTE. Las medidas tomadas durante el rectorado de Jorge O´Ryan darían el tiro de gracia a la universidad y su historia: cambió su nombre y perdió su carácter nacional. Se dispuso, entonces, que “centradas las actividades académicas de la universidad en la Región Metropolitana y, contando con las cuatro facultades y Escuela Tecnológica dispuestas por el Decreto Universitario n° 1728, la corporación sustituye, mediante el DFL n° 23 de 21 de mayo de 1981, la denominación tradicional por la de “Universidad de Santiago de Chile” (Muñoz, 208).
De este modo, las sedes regionales de la UTE se independizaron y la sede de Santiago, casa matriz, pasó a constituir la USACH. Estos cambios radicales fueron consagrados en el nuevo Estatuto Orgánico que rigió a la corporación, dictado en diciembre de 1981.
Represión y violaciones a los Derechos Humanos en la UTE durante la dictadura.
Instalada la dictadura en las universidades, comenzó la “depuración” de las casas de estudios. El propósito fue la despolitización de los planteles, mediante la eliminación de alumnos, profesores y funcionarios, argumentando razones políticas e ideológicas.
El proceso de depuración fue continuo y permanente; se crearon en las corporaciones de educación superior organismos de control político, se infiltraron en los campus elementos de los servicios de inteligencia nacional, se crearon “listas negras” de funcionarios, académicos y estudiantes, y se promovió la delación por parte de las autoridades como método de control. Finalmente, fueron expulsados todos aquellos que se manifestaban contrarios a la dictadura o a la gestión de las autoridades designadas en las universidades
La represión contra los miembros de las comunidades universitarias fue ejecutada directamente por agentes del Estado, a través de detenciones, desapariciones, secuestros, amedrentamientos, torturas y relegaciones administrativas. Asimismo, la represión se dejó ver mediante militares armados dentro de los planteles, reglamentos que coartaron la libertad de expresión, castigos, sanciones e incluso, privaciones de beneficios económicos. La represión impuesta en las universidades fue intensificada en los últimos años de la década de 1970, como resultado del resurgimiento del movimiento estudiantil y la necesidad -por parte de las autoridades- de mitigarlo y eliminarlo.
Como señalaron Garretón y Pozo, las universidades desde el inicio de la dictadura no fueron la “excepción a la situación general del país en materia de derechos humanos. Así, las violaciones al derecho a la vida, a la integridad física, a la seguridad personal, a la protección contra la detención arbitraria, al trabajo, a vivir en su patria, al debido proceso, a la igualdad ante la ley, a la libertad de reunión, de pensamiento y expresión, etc., ha afectado desde el inicio del régimen militar a los universitarios, sean estos académicos, estudiantes o administrativos” (Garretón y Pozo, 109).
En el caso de la UTE se conocen, hasta ahora, un poco más de 90 víctimas entre estudiantes, funcionarios y académicos, que fueron detenidos desaparecidos o ejecutados políticos durante el tiempo de la dictadura. Asimismo, entre el inicio de la intervención militar hasta 1985, aproximadamente, las autoridades delegadas exoneraron a alrededor de 250 personas de la universidad, entre las cuales se encontraban profesores y personal administrativo.
Se instaló dentro de la universidad una oficina de seguridad interna, “dirigida por ex oficiales de las Fuerzas Armadas, que emitió detallados informes de desplazamiento efectuados en el interior del campus universitario. Personal de esta oficina participó en 1977 en actividades de capacitación organizadas por el Centro Nacional de Informaciones, a petición de la máxima autoridad de la Universidad” (Memorial, 135), el rector delegado Eugenio Reyes Tastets. En conjunto con esta oficina, funcionó en la universidad un Comité Asesor compuesto por miembros activos de las Fuerzas Armadas, quienes dispusieron de información de las acciones y actividades realizadas por los alumnos, respaldadas con fechas, fotografías y filmaciones. Con estos registros las autoridades sancionaban luego a los estudiantes, con amonestaciones, suspensiones, o bien, con la expulsión de la universidad.
Por ejemplo, en abril de 1974 -por Decreto Universitario n°436- fueron expulsados de la UTE 192 estudiantes de las facultades de Administración y Economía, de Educación y de Ingeniería, a quienes, además, se les prohibió el ingreso a la universidad. Las expulsiones se argumentaron, según lo expresado en el Decreto, en consideración de “las especiales circunstancias que afectan a la actividad nacional y de manera especial a la Universidad Técnica del Estado y los antecedentes que ha tenido a la vista esta Rectoría en relación con el comportamiento de los estudiantes de esta Corporación”.
Las prácticas de espionaje y amedrentamiento de estudiantes, profesores y funcionaros, estuvieron presentes hasta el término de la dictadura. En noviembre de 1982, el Mayor Waldo Zauritz, integrante del Comité Asesor, remitió a las autoridades a través de un documento reservado, un informe sobre antecedentes de estudiantes de la universidad; “estos abarcaban fotografías tomadas a larga distancia y descripción de las actividades en las que estos habrían participado, por ejemplo, “cuchareos consensuales Casino Central Alumnos”, “canturreos y da lectura al panfleto n°10”, “participó junto a un grupo de activistas en mitin Patio Casino Central (video tape)” e “integra el grupo que promovió desordenes en frente puerta principal Casa Central”, entre otras actividades similares” (Universidad de Santiago de Chile, 59). Este informe tuvo como resultado sanciones de suspensión, amonestación y/o expulsión de 11 estudiantes ese año.
Asimismo, entre 1985 y 1986 fueron sancionados 127 estudiantes. De este total, se remitió información sobre 29 personas, quienes “fueron mencionadas en un informe que el Sr. Raúl Videla Medina, jefe del Departamento de Seguridad Interna de la universidad, hizo el 4 de octubre de 1985 en el cual se describen los desplazamientos hechos por esas personas los días 25, 26 y 27 de septiembre y 1 y 3 de octubre de 1985” (Universidad de Santiago de Chile, 63).
Las medidas dispuestas, la vigilancia, la represión y las sanciones recibidas por funcionarios, profesores y, especialmente, estudiantes creó un entorno de desconfianza e inseguridad dentro de la comunidad universitaria. Según recuerda Humberto Guzmán, párroco de la pastoral UTE-USACH durante la dictadura, “era un ambiente irrespirable, no se podía confiar en nadie” (Gallardo, 61). Además, relata el asedio para atemorizar a los estudiantes para que no se realizaran reuniones contra la dictadura, la presencia de civiles que desde automóviles registraban los movimientos con cámaras fotográficas y las veces que tuvo que resguardar a alumnos y alumnas dentro de la Casa Pastoral cuando eran perseguidos por carabineros. En su libro que recopila testimonios de personas ligadas a la universidad, Juanita Gallardo indica que “el presbítero Guzmán se acuerda de algunos trabajadores que eran aseadores y que le rogaban que no botara ningún papel en el basurero de su oficina porque ellos tenían la obligación de entregar todo papel que encontraban en su basura, en especial, aquellos con números de teléfono, direcciones, nombres. Ellos tenían la orden de denunciarlo y le pedían que tuviera cuidado, que lo estaban siguiendo y que también se cuidara de lo que se decía a algunos profesores que estaban a favor de los militares” (Gallardo, 60).
Testimonios señalan que “hubo funcionarios, académicos y alumnos que informaron en forma oral o escrita a las autoridades acerca de personas cuya forma de pensar consideraban contraria al orden establecido” (Universidad de Santiago de Chile, 136).
Una vez terminada la dictadura se creó en 1990 una comisión, denominada “de Reconciliación Universitaria”, con el propósito de analizar los antecedentes entregados por estudiantes, funcionarios y académicos que fueron afectados por la represión, o bien, hubiesen sido testigos de atentados a los derechos fundamentales. Los miembros de la Comisión recabaron testimonios sobre el período entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, los cuales fueron agrupados e informados en el Informe de la Comisión de Reconciliación Universitaria, presentado en 1991. En él se distinguieron dos tipos de situaciones vividas por la comunidad universitaria durante la dictadura: primero, la constatación de hechos que “afectaron a los derechos fundamentales establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos” (Universidad de Santiago de Chile, 45), y situaciones que perjudicaron y alteraron el modo de vida propio de las universidades, enmarcado en valores universitarios como la discusión libre, crítica y pacifica de cualquier tema, el respeto a las personas y sus ideas, la responsabilidad moral por la formación de los estudiantes, la seriedad metodológica de las investigaciones y el libre acceso a la información. Las conclusiones del Informe señalaron que estos valores fueron transgredidos, “a través de medidas, formas y estilos que, sin llegar a la conculcación formal de derechos, significaron discriminación injustificada en el trato, falta de respeto debido o menosprecio de hábitos o costumbres confirmados a lo largo de toda la historia de la Universidad” (Universidad de Santiago de Chile, 46).
En definitiva, además de las irreparables pérdidas humanas arrebatadas por la violencia dictatorial, de la represión y la anulación de la vida universitaria, uno de los impactos más significativos que experimentó la Universidad Técnica del Estado, además de su cambio de nombre y pérdida de sedes regionales, fue la interrupción de un proyecto de inclusión social que se venía desarrollando y que respondía a aspiraciones sociales de movilidad mediante la educación que varias generaciones de estudiantes habían planteado como responsabilidad: acercarse al mundo productivo, a trabajadores y sus hijos. La intervención militar cambio para siempre el perfil de los y las estudiantes de la universidad, y fue exitosa en la medida que logró desmembrar un proyecto global de universidad, sociedad y país.